Momento histórico en El Salvador

El dia lunes 30 de mayo del presente año, el juez español Eloy Velazco determinó que hay evidencia suficiente para levantar jucio y, por tanto, emitir orden de captura a veinte hombres acusados de la masacre de los sacerdotes Jesuitas (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López) en El Salvador. Dentro de los hombres bajo orden de arresto se encuentra el ex Ministro de la Defensa Rafael Humberto Larios, y tres miembros del alto mando militar Salvadoreño. La mayoría de los acusados se encuentran en El Salvador; dos se encuentran en los Estados Unidos de América. De acuerdo con los documentos legales del caso, el Coronel Orlando Montano ya esta bajo custodia. Se espera que el actual gobierno de El Salvador, encabezado por Presidente Funes, honre las ordenes de arresto provenientes de una Corte de España.

La masacre de los Jesuitas occurrio en 1989 y desde entonces todo intento de justicia no habia prosperado. Tras un breve proceso penal rodeado de acusaciones de corrupción, en el período 1991-1993 se intentó enjuciar a los acusados. Dicho juicio declaró que los principales acusados eran o sea inocentes de los cargos de masacre o culpables de delitos menores por lo que fueron puestos en libertad. Una ley de amnistía, entró en vigor en esa época lo cual no ha permitido levantar procesos penales dentro de El Salvador a acusados de crímenes durante la guerra civil. Sin embargo, la comunidad pro derechos humanos en El Salvador ha seguido buscando justicia con ayuda de organizaciones internacionales entre ellas el Centre for Justice and Accountability (CJA basado en San Francisco, California) y el Canadian Centre for International Justice (CCIJ basado en Ottawa Ontario). Hace tres años, el CJA presento en caso de la masacre de jesuítas a una corte de España con la esperanza de que en aquel país se lograra justicia pues los jesuitas eran ciudadanos españoles pero trabajaban en El Salvador durante la guerra civil de el país centroamericano. Por su parte, la CCIJ ha venido trabajando con las comunidades Canadienses provenientes de Guatemala y de El Salvador para documentar y preparar casos de crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la Ley anti Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad (emitida en el año 2000) se permite que una persona o corporacion pueda ser enjuiciada en Canada aunque sus delitos hayan sido cometidos fuera suelo Canadiense.Por ejemplo, víctimas de masacres cometidas en Latinoamerica y que ahora residan en Canadá, pueden pedir a las autoridades Canadienses o a la CCIJ que investigue y si es necesario traiga a Canadá a un acusado de haber cometido violaciones a derechos humanos. La CJA y la CCIJ colaboran entre ellas en la investigación de casos y en buscar apoyo a los testigos y víctimas. A comienzos del 2011 grupos pro justicia en España y Guatemala, reclamaron a Canadá la extradición a los Estados Unidos del señor Jorge Sosa Orantes, ciudadano Canadiense-Guatemalteco y además Americano, quien residia en Alberta y a quien se le acusa de fraude migratorio. Sin embargo, la ley anti- crimenes de guerra permitiría que una sea procesado por asuntos migratorios en los Estados Unidos, al Sr. Sosa se le regrese a Canadá para enjuciarlo pues se le acusa de haber colaborado en la Masacre Dos Erres (1982) donde 252 civiles fueron brutalmente asesinados. Las autoridades canadienses se encuentran actualmente recavando evidencia y testimonios para un posible proceso penal contra el Sr.Sosa.

En el caso de la intervención de la CJA en el caso de los jesuítas, se contó con apoyo de organizaciones de abogados pro-derechos humanos en España quienes recolectaron evidencias y testimonios claves de la familia Cerna, el Coronel García, Katy Doyle de los Archivos de Seguridad Nacional en EUA. El juez de la Corte Suprema de El Salvador Sidney Blanco y el Vice Ministro de Justicia Henry Campos atestiguaron acerca del la corrupción en el juicio de 1993.

Para más detalles acerca del trabajo de organizaciones de justicia internacional a donde sobrevivivientes de violaciones a derechos humanos o crímenes contra la humanidad (P. Ej desapariciones forzadas, masacres, tortura) cometidas en Latinoamérica durante conflictos armados internos o en la época reciente, puede consultarse los sitios:

www.cja.org (Estados Unidos), y www.ccij.ca (Canadá). Matt Eisenbrandt, Director Legal de la CCIJ, habla español y puede ser contactado en Tel 613 744 7667 x266 ó email meisenbrandt@ccij.ca

Angela Contreras-Chavez

criminóloga y educadora legal

Publicado en La Re-Vista

www.larevistafm.com

Mayo 30, 2011

Tráfico de Personas en Canada.

Tras una breve investigacion por parte de la Real Policia Montada y la policia de West vancouver, el 16 de mayo un juez en Columbia Británica ordeno el arresto de la Sra. Mumtaz Lahda, por delitos de tráfico de personas y de contrando humano. A esta señora se le acusa de haber traido de Africa a una joven trabajadora migrante temporal bajo una oferta para laborar en un salon de bellez; pero se alega que en lugar del contrato original, la empleadora le quito su pasaporte a la trabajadora y que durante todo un año la empleadora mantuvo a la joven mujer como esclava haciendo oficios domésticos en jornadas de al menos 18 horas diarias, sin dias libres, sin salario e incomunicada.

El tráfico de personas o trafico humano es un crimen a nivel federal. Dicha ley fue creada en2005. Expertos calculan que en Canadá, unos 800 casos de trafico humano son denunciados cada año, pero los casos muy rara vez son llevados a corte. El caso Lahda sería la segunda vez que se implementa dicha ley en Columbia Británica. En 2008, Michael Ng fue sentenciado a 15 meses de prision por cargos relacionados a tráfico human por la explotación sexual de mujeres provenientes de la China a quienes Ng prostituía en salones de masage.

Es imporante distinguir el contrabando humano del tráfico de personas. Ambos casos son parecidos en que las victimas llevan cadenas invisibles lo cual complica la prevencion y el combate a estos crímenes.

Casos como el de 1999, cuando un barco llego a la provincia proveniente de la China, con 590 inmigrantes ilegales, 134 de los cuales eran menores de edad, ilustra problemas con el sistema de migración de Canada asi como explotación y desesperación de quienes viven en peligro, en extrema pobreza o persecucion en sus paises de origen. Estas personas son presa fácil de contrabandistas, muchis de los cuales actual inescrupulosamente al transportar ilegalmente a personas de un pais a otro.

Por otro lado, el tráfico de personas, se refiere a la explotacion laboral de personas vulnerables. El trafico de personas suele involucrar la esclavitud sexual de las victimas, quienes pueden ser inmigrantes pero también hay muchos casos de víctimas nativas de Canadá. Pero según la abogada Katrina Pacey de Pivot Legal, la gran mayoria de victimas de tráfico de personas son personas traídas a Canadá bajo el programa de trabajadores migrantes temporales (P.ej: niñeras) pero por medio de extorsiones y engaños terminan siendo explotadas o esclavizadas. En la provincia, organizaciones pro-derechos humanos tales como West Coast Domestic Workers Association, SWAN Vancouver, Migrante BC, Cruz Roja, Pivot Legal trabajan de manera confidencial con trabajadores migrantes y toda persona que requiera apoyo en casos de victimización por tráfico de personas o contrabando humano. A nivel gobernamental, desde el 2007, la oficina de Combate y Prevencion del Tráfico Humano (BC OCTIP), tel 1.800.712-7974, puede trabajar con la víctima otorgando accesso a servicos médicos, legales, de vivienda y además apoya a solicitar visa temporal que evita ser deportado injustamente y facilita obtener un nuevo permiso de trabajo que permite retomar el control de sus vidas.

Por Angela Contreras-Chávez, para la Re-Vista

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Mayo 17, 2011